Durante
la clase del 03 de octubre se realizó una revisión de las Principales
políticas educativas en Chile, referidas a la inclusión y a la diversidad
en educación. Creemos que tener conocimiento acerca de éstas resulta elemental
para desarrollar una perspectiva crítica respecto a las mismas y desde la
disciplina de la psicología, más aún teniendo en cuenta las falencias en cuanto
a su aplicación. Un ejemplo de esto último es el caso de la ley general de
educación, donde se plantea que el Estado debe velar por la igualdad de
oportunidades y la inclusión educativa, hecho que no se estaría cumpliendo en
la práctica, ya que una de las principales características de la educación
chilena sigue siendo la segregación, que dice tener principal relación con la
clase social a la que se pertenece.
Además,
está el caso de la política de educación especial, la cual plantea la
valoración de la diversidad como fuente de desarrollo y aprendizaje para la
comunidad educativa, y el mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de
la oferta educativa para los niños con necesidades educativas especiales (NEE).
Sin embargo, hemos visto como este principio se contradice o queda más bien
estancado respecto a la aplicación de otras normas, como es el caso del decreto
170 de la ley de inclusión, el cual fija los criterios para identificar a
aquellos alumnos que posean NEE, y así entregar la respectiva subvención. Por
otra parte, se encuentra el decreto 83 de la misma, el cual plantea la
adecuación al currículum escolar para estudiantes que así lo requieran, lo cual
quiéralo o no termina por segregar a un grupo de niños respecto del currículum
universal.
Asimismo,
otro ejemplo sería el caso de la ley 20.201, la cual entrega una subvención al
colegio según los resultados SIMCE, es decir, se entregan recursos a partir de
una prueba estandarizada aplicada según una lógica de conocimiento homogéneo,
lo que no es el caso de nuestro País, llamando aún más la atención por el hecho
de que la política de educación especial plantea la diversidad como principal
principio.
En
conclusión, las actuales políticas inclusivas en educación están más bien
referidas al cómo financiar el programa, que al cómo llevarlo a cabo. Por ello
creemos que es necesario hacer una reevaluación de los criterios de estas
políticas, específicamente con relación a su aplicación, ya que aunque ésta
puede estar muy bien planteada y detallada, su aplicación dependerá siempre de
la situación real y del contexto. De la misma forma pensamos que es necesario que
la gente tenga conocimiento sobre sus derechos, y lo que la educación debe
entregar, ya que la educación es una de las primeras instancias en la que las
personas se relacionan con la diversidad, siendo un elemento fundamental para
generar una sociedad más justa, por lo que entregar sólo conocimiento
instrumental no es suficiente si no se entrega una educación inclusiva y
pertinente a los contextos.

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